Derecho y Periodismo. Condenados a entenderse

La conveniencia de clasificar las informaciones en secciones diferenciadas quedó establecida en el periodismo moderno de principios del siglo XX. La distinción es un valor añadido por excelencia. Lo dicen ahora los gurús de los negocios exprés, pero ya lo hacían los jóvenes periodistas de entonces.

La información de sucesos se remonta al Acta Diurna de los Romanos. En el 168 a. C. ya se informaba de la riña en una posada, un desfalco en una agencia de cambio y una ejecución de sentencia (Martínez de Sousa, 1981: 447).

Aunque a finales del XIX proliferan las crónicas sobre casos policiales y judiciales en los periódicos locales del mundo moderno –incluido España-, es a partir de 1930 cuando empieza a tomar relevancia en la prensa este tipo de informaciones. Los diarios comenzaron a incluir una sección donde se cuentan noticias extraídas de partes policiales o de los juzgados. Surgen plumas periodísticas que combinan su dedicación a la información con la producción literaria, como en el caso de Truman Capote y otros. Nace la figura del periodista de tribunales.

El periodismo judicial se ha convertido en una de las ramas más significativas del oficio. Parte del rigor, la conservación de las fuentes y la investigación como premisas esenciales para su ejecución, pero también de la ética y la honestidad que deben siempre regir las informaciones ofrecidas por el periodista. Esta rama es la que precisa de una mayor especialización, ya que los periodistas de tribunales pasan a ser un habitante más de los juzgados de su área de influencia.

El periodismo judicial empieza a tener auge en España con la democracia y la Constitución de 1978, ya que este tipo de informaciones se vieron interrumpidas durante la dictadura franquista. La posibilidad de seguir los juicios y los procesos judiciales como un principio de transparencia y publicidad de la justicia hace que los medios de comunicación se interesen por los diferentes procesos y por las noticias que emanan de los Juzgados, de la Audiencia Provincial, el Tribunal Superior de Justicia de la comunidad autónoma, el Tribunal Supremo o el Constitucional.

Desde una denuncia hasta una sentencia, un proceso de investigación, auto de prisión, la declaración de un testigo o la elección y el veredicto de un Tribunal del Jurado. La información derivada de los juzgados despierta un enorme interés entre la audiencia y ha experimentado una gran transformación en los últimos años. Todavía más cuanto más cerca nos toca la noticia. Es por ello que el periodismo de proximidad es una excelente plataforma donde prolifera y gana espacio esta especialización periodística.

El catedrático de Derecho Constitucional y columnista en varios medios de comunicación, Francesc Carreras, lleva tiempo planteando a las instituciones académicas la necesidad de que los periodistas tengan nociones de derecho, ya que las enseñanzas que se imparten sobre esta materia en las facultades de Ciencias de la Comunicación son muy limitadas y escasas.

Recuerda que “en tiempos pasados, antes de la exigencia de títulos específicos, los periodistas solían haber estudiado filosofía y letras o derecho. En los periódicos había redactores que tenían ciertos conocimientos sobre las distintas ramas jurídicas, estaban cuando menos capacitados para leer e interpretar leyes y sentencias, así como recordaban de sus estudios universitarios los principios jurídicos elementales”.

Para entender mejor la situación podríamos imaginar las dificultades de un periodista que tuviera que hacer la crónica de un partido de tenis sin conocer las reglas sobre el sistema de puntuación, el saque o el objetivo final del juego.

La labor periodística a las puertas de la Audiencia Provincial. Álex Domínguez

El conocimiento jurídico
En los medios de comunicación es habitual contar con la colaboración de juristas, principalmente asesorando, como columnistas de opinión o como contertulios en tertulias o debates de televisión. Nadie mejor que un abogado para conocer la terminología y los entresijos jurídicos para poder opinar con pleno conocimiento de causa sobre los vaivenes de la actualidad política y social. La abogada civilista Nómica Nombela defiende que un periodista que vaya a cubrir tribunales necesita tener una mínima formación de temas jurídicos, como conocer la Constitución y las normas en general. Al igual que el que pretende escribir sobre economía tendrá que tener unos conocimientos básicos del mundo empresarial.

Nombela es colaboradora asidua como columnista en varias cabeceras de prensa digital y contertulia en televisiones locales. Su labor es aportar su experiencia y conocimientos para que el público entienda lo que está ocurriendo.

Mónica Nombela: “Para opinar con pleno conocimiento de causa hay que estar formado”

Para pretender informar en situaciones excepcionales como ha sido la del Estado de Alarma y las normas que ha estado dictando el Gobierno, se debe tener un rico dominio de las leyes, pues el derecho se va adaptando a la situación histórica de cada momento. La columnista justifica que “la interpretación de un jurista es vital en estos casos para poder transmitir los acontecimientos a los ciudadanos, que al final son los receptores de las informaciones y de las noticias”.

La atención mediática
Tribunales es un escenario complejo para el periodismo. No son campos de fútbol, ni salas de pleno de ayuntamientos ni sedes de partidos políticos. De la información judicial no suelen hacerse ruedas de prensa ni te mandan notas informativas. La información de tribunales discurre por los pasillos de los juzgados, por los despachos de los abogados o a las puertas de la Audiencia Provincial. Por estos derroteros se mueve José Antonio Martínez -periodista judicial del Diario Información-. Afirma que “la mayoría de las noticias son de cosecha propia y que las fuentes confidenciales son clave para que no contengan inconcreciones”. Matiza que “es un mundo hermético y muy cerrado en el que la gente es reacia a hablar”.

José Antonio Matínez: “La calidad de la información judicial la determina la calidad de las fuentes”

Esta inversión en tiempo para la elaboración del contenido es la que pone barreras a muchos de los medios de comunicación locales a poder dedicarle una sección especializada, acudiendo únicamente a cubrir aquellos casos más mediáticos.

A pesar de que la publicidad de los juicios es un principio de transparencia, es bastante frecuente que lo etiqueten de sensacionalismo. Sin embargo, “ante un hecho grave que ha sucedido hay que contarlo, con rigor y responsabilidad, pero hay que contarlo”, ratifica Martínez.

Hay mucho campo a cubrir, los procedimientos judiciales pueden ser de civil, mercantil, familia… Aunque el groso de los titulares son de penal -corrupción, un asesinato u homicidio- donde hay que contar y desvelar al lector los motivos y las pruebas por lo que lo están enjuiciando. Los medios de comunicación tienen un papel de cierta vigilancia y control sobre el Poder Judicial, al tratarse de un poder del Estado. Aunque, por su parte, la abogada Mónica Nombela teme que “se utilice a los medios de comunicación como arma arrojadiza contra determinadas personas”. Y sentencia que “influenciados pueden conllevar a una confusión de la opinión pública”.

El juicio paralelo
En estos tiempos de inmediatez informativa, los medios de comunicación ofrecen información judicial casi a tiempo real. Es habitual que los periodistas publiquen lo que está sucediendo en una sesión del juzgado mientras esta se desarrolla, incorporando algunas claves que se consiguen de fuentes propias -oficiales o confidenciales- o de las filtraciones que alguna de las partes ofrece a los informadores.

¿Se pueden o deben evitar las filtraciones? ¿Cómo se producen? ¿A quién beneficia que se desvelen detalles del secreto de sumario? La profesionalidad del periodista le lleva a publicar aquello que considere relevante en un proceso judicial. Ofrecer a los lectores los elementos necesarios para que entiendan el procedimiento.

El abogado penalista Ignacio Gally –Gally abogados- considera que “lo que se publica en los medios de comunicación crea una idea de un procedimiento judicial en marcha y pendiente de enjuiciamiento”. Afirma que esa situación “causa indefensión porque, sin quererlo, se vulnera el derecho a la presunción de inocencia”. En los artículos de prensa de ámbito judicial siempre se utiliza el término ‘presunto’ para referirse a la persona que está siendo enjuiciada, aunque luego viene acompañada por el sustantivo asociado al delito en cuestión: presunto asesino, presunto estafador, presunto prevaricador… en esa definición es donde Gally cree que se produce el agravio, ya que “en realidad la presunción de inocencia pura funciona al revés. Uno no es presunto asesino o presunto estafador, uno es inocente, sin más”.

Ignacio Gally: “La presunción de inocencia está por encima del derecho a la información”

Gally respalda que es necesaria la divulgación para que haya transparencia “pero después de que los hechos hayan sido juzgados, no antes ni durante”.

La abogada Mónica Nombela considera que “la contaminación del que opina en una noticia confunde a los ciudadanos” y también cree que se producen juicios paralelos. Nombela es de la opinión de que “hay demasiada información en las noticias judiciales”, que interfieren en el procedimiento y en la decisión de jueces y tribunales. Considera que para que se puedan resolver con la debida imparcialidad sería conveniente “lograr un equilibrio entre el derecho a la información con veracidad y la opinión”. La abogada civilista justifica que es difícil que los jueces puedan dar un veredicto “con plena objetividad” abstrayéndose del ruido mediático.

Sin embargo, en un Estado de Derecho no se puede pretender que la información sobre los asuntos judiciales se suspenda hasta que los tribunales dicten sentencia, aunque, en ocasiones, pueden vulnerarse los derechos fundamentales de los afectados.

Este problema se agrava cuando los procedimientos son juzgados por un Tribunal del Jurado, cuyo veredicto podría verse influenciado por las informaciones publicadas y las opiniones que les llegan de personas ajenas al proceso judicial. “Oigo auténticas barbaridades en esos programas de la mañana de ámbito nacional, dónde periodistas hablan igual de la pandemia o de la borrasca Filomena que de asuntos judiciales y tribunales”, asegura Gally.

El abogado penalista en este sentido defiende que “tiene más rigor la prensa local que la nacional”. Cree que los periodistas y los informativos de proximidad obtienen mejor información, precisamente por estar encima del tema y por tener una mayor cercanía con las fuentes, “es mucho más completa y veraz”, puntualiza.

Los límites del periodismo
Entre el derecho y el periodismo hay una línea muy fina; la que se declina hacia el derecho a informar y a estar informado –art. 20 CE- y la que prevalece el derecho al honor –art. 18 CE-. Abogados y periodistas buscan puntos de encuentro entre estos dos derechos fundamentales.

Libertad de expresión, derecho al honor y presunción de inocencia. La ‘pena de telediario’ es un lastre que los periodistas tenemos que desmitificar. La información no condena, aunque la mala praxis informativa puede hacer más daño que cualquier sentencia, y más si esta resulta finalmente ser absolutoria.

La información es un derecho fundamental ubicado en el mismo plano que otros, como el derecho al honor, la intimidad o la dignidad de las personas. Cuando el derecho a la información colisiona con otro de los anteriormente mencionados, este se posiciona en un rango superior, siempre que se justifique el interés público y la relevancia de las informaciones.

El abogado Enrique Martín -Ibidem abogados y socio de ESdiario Alicante- es especialista en defender el derecho al honor. Considera que cuando se produce ese difícil equilibrio, entre el derecho a la información y al honor, “el periodismo siempre mira en torno a sí mismo y nunca mira a las víctimas”. Afirma que nos dirigimos a una sociedad “donde se expolie menos el derecho fundamental al honor y a la intimidad personal y familiar de las personas, que hoy en día son mercaderías y activos con los que comercia el periodismo”.

Martín cree que igual que se está asistiendo las redes sociales ya hay muchas personas que quieren recuperar los derechos fundamentales de los ciudadanos frente a las grandes corporaciones, lo mismo se va a producir contra el periodismo. Se producirá un sesgo de la jurisprudencia en favor del ciudadano que acabará con la doctrina del Tribunal Supremo y el Constitucional donde prevalece el derecho a la información y el derecho de la opinión como valores prioritarios.

Los límites del periodismo frente a otros derechos fundamentales están claros. Si una noticia tiene interés general por el acontecimiento que significa o por la persona que protagoniza ese acontecimiento, entonces ahí no hay limitación de los derechos a favor del periodismo. Se prima el interés general de la sociedad frente al interés de las personas socialmente relevantes.

Enrique Martín opina que “no se le puede exigir a un periodista que sea un héroe, pero sí que haga un ejercicio de praxis periodística rigurosa y descarte la opinión cuando lo que quiere transmitir son hechos, y que cuando quiere transmitir opiniones claramente quede constancia de que son opiniones”.

Este abogado está convencido de que la democracia tenemos que defenderla desde todos los rincones y, entre ellos, uno de los pilares son los periodistas y los medios de comunicación. Martín considera que “una de las maneras más eficaces de contribuir a la democracia es contribuir a un periodismo eficaz”.

El eterno debate sobre la utilización o no de fuentes confidenciales -o la publicación de detalles que están bajo secreto de sumario- tiene dos visiones bien diferenciadas; el periodista difundirá aquello que considere de interés público -respaldado por el derecho a no revelar las fuentes-, mientras el abogado ansía un sistema en el que no se publiquen informaciones confidenciales ni se desvelen secretos de sumario.

Enrique Martín: “No hay ninguna sociedad verdaderamente libre si no hay pluralidad”

El periodismo debe ser capaz de asumir en el relato de los acontecimientos jurídicos de la provincia con la misma pluralidad y el mismo conflicto dialéctico que existe en el juicio, y ahí es donde juegan un papel fundamental los abogados, aportando preceptos legales que retroalimenten el debate público.

El letrado de Ibidem Abogados suscribe que no hay ninguna sociedad que sea verdaderamente libre si no existe esa pluralidad y considera que “no hay profesión más difícil en la faz de la tierra que la del periodista, porque un abogado siempre tiene que defender a su cliente y el cliente siempre tiene la razón. Pero el periodista tiene que estar siempre en conflicto con la realidad y consigo mismo, para ofrecer la verdad sin manipulaciones ni contaminaciones ideológicas”.

Enrique Martín sentencia nuestra conversación afirmando que “los periodistas no escriben líneas, no escriben párrafos, no escriben artículos. Los periodistas son capaces de escribir sentencias y el que no se dé cuenta de eso, aparte de un frívolo, debe ser expulsado de la profesión”.

Lo cierto es que el periodismo judicial se debe ejercer con la máxima responsabilidad. Nadie se querella contra un periodista cultural, deportivo o de actualidad municipal -salvo excepciones-, sin embargo un periodista de tribunales está expuesto, porque tiene la posibilidad de condenar a una persona que, aunque luego el juez lo declare inocente, la opinión pública lo concebirá como culpable de los hechos por los que fue juzgado, así que debemos velar para que el periodismo mantenga la neutralidad profesional que merece y no se convierta en la nueva inquisición.

Andrés Maestre y Olga Avellán

Reportaje publicado en el anuario 2021 de la Asociación de Periodistas de la Provincia de Alicante

Versión digital del Anuario 2020, haciendo clic en este enlace

Derecho al periodismo

OPINIÓN Olga Avellán 

La libertad de expresión es un principio que nos otorgó la Constitución Española de 1812 –La Pepa-. No es una función solo de periodistas. El ejercicio de la libre opinión y de la transmisión de pensamiento también lo hacen otros profesionales, a través de medios de comunicación o –en los últimos tiempos- en sus propios blogs y redes sociales.

El periodismo bebe de la influencia de pensadores, filósofos, economistas, empresarios, comerciantes… y abogados. Estos últimos tienen una relación muy estrecha con el periodismo, ya sea en la interposición de querellas a estos –o en su defensa- o en la participación activa en la elaboración de contenidos en los medios, tales como columnas de opinión, participación en tertulias o debates o el asesoramiento jurídico a los profesionales de la noticia que se topan con multitud de preceptos legales ilegibles para cualquier mortal.

El derecho es para el periodismo como el azúcar para la granada mollar, un edulcorante que enriquece el contenido. Muchos juristas –abogados, jueces y otros profesionales del derecho- tienen una necesidad imperiosa de participar en la actualidad y –algunos- de saciar su vocación frustrada de escritores. Aportan una visión crítica de los hechos y conceden el pragmatismo técnico a las situaciones cotidianas de la convivencia social y política. Abogados y periodistas convivimos y compartimos escenario para hacer de freno y contrapeso de los abusos del poder.

La carencia en la formación

OPINIÓN Andrés Maestre

La especialización del periodista es una labor imprescindible para encontrar un hueco en este panorama comunicativo tan competitivo. Ante la aglomeración de candidatos y el intrusismo en los medios, la única herramienta ciertamente efectiva es decantarse por una rama. En el caso de la formación de los periodistas en nociones de derecho, es necesario que cualquier futuro informador acabe su etapa con más conocimientos jurídicos de los que se alcanzan en la actualidad.

Las facultades se limitan a inculcar el artículo 20 de la CE y un par de conceptos más sobre el derecho a la información, pero carecen de un programa riguroso, de másteres o post grados donde se transmita una formación suficiente a quienes luego se enfrentarán a innumerables disputas legales a lo largo de su carrera. La formación jurídica en los periodistas debería tener un peso casi tan elevado como la gramática o la redacción. Conocer los entresijos de los derechos y obligaciones en un Estado de Derecho resulta necesario para quien después narrará historias de conflictos entre otras personas, políticos, empresas o clubes deportivos.

Afortunadamente algunas facultades ya lo han entendido, y ofrecen la posibilidad de un doble grado en Derecho y Periodismo para completar su formación al frente de la labor informativa –o quizás también para letrados que opten por una participación activa en medios-.

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